Recortes salariales, problemas de disciplina, presiones de la inspección o la directiva, burocracia, carga de trabajo de las tutorías, guardias de recreo… El listado de quejas que puede oírse en la sala de profesores de cualquier instituto es largo. La conclusión suele ser fatalista, constatando que cada nueva normativa significa una vuelta de tuerca más en el deterioro de nuestras condiciones laborales y aceptando los problemas con una especie de resignación indignada.
Raramente se contempla como opción la lucha sindical. “Los sindicatos” son descartados de un manotazo con la consideración de que “todos son iguales” y resultan ineficaces. El desprestigio de “los sindicatos”, abonado por los frecuentes casos de corrupción y el alejamiento de los problemas reales que se viven en los centros, ha generalizado la sensación de que son parte del problema y no de la solución.
Y, sin embargo, no hay otra opción que la sindical. Ni la indignación estéril en la cafetería, ni el refugio individualista en “mis clases” van a mejorar nuestras condiciones laborales. Incluso las movilizaciones asamblearias sólo son efectivas si sus propuestas son defendidas en una mesa de negociación. Y eso es sindicalismo. No existe, hoy por hoy, otra fórmula viable para defender los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es, entonces, el problema?
El problema es que los representantes sindicales que negocian defienden, lógicamente, los intereses del colectivo al que pertenecen. Y no lo hacen tan mal. De hecho, no todos los colectivos de docentes han visto empeorar sus condiciones laborales en las últimas décadas; o al menos, no en la misma proporción. Y ello está relacionado con la representación sindical.
De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, nuestros órganos básicos de representación son las Juntas de Personal, una por provincia, en las que están representados los docentes de la Enseñanza Pública no universitaria. Sus funciones están muy acotadas en la práctica. Consisten básicamente en recibir información sobre política de personal, sanciones y expedientes, y en vigilar el cumplimiento de la normativa en política de personal y condiciones de trabajo. Aunque pueden presentar propuestas sobre normativa autonómica para que sean transmitidas a la Consejería, su capacidad en este sentido es más que limitada.
Pero donde realmente se lleva a cabo la negociación colectiva con la Consejería es en la Mesa Sectorial de Educación, única para Primaria y Secundaria. Ahí se negocia la mayoría de la legislación que nos afecta directamente como funcionarios docentes: sobre condiciones de trabajo, retribuciones complementarias, clasificación y provisión de puestos de trabajo, formación, evaluación del desempeño, promoción, jornada laboral, permisos, etc. Normas como el Plan de Calidad, el ROC, la Orden sobre el horario o los acuerdos de reducción de plantilla en Secundaria se han gestado alrededor de la Mesa Sectorial.
Y es aquí donde el profesorado de Secundaria se encuentra con el inconveniente de tener pocos interlocutores que defiendan sus intereses. Los profesores de Secundaria han mostrado tradicionalmente un menor activismo sindical, por lo que sus compañeros de Primaria han acabado ocupando posiciones dominantes en los sindicatos. Como resultado, los profesores de Secundaria son hoy una minoría entre los representantes sindicales de Educación, y ello explica la escasa sensibilidad de estos hacia las condiciones laborales de Secundaria y su tendencia a favorecer los intereses de la Primaria (por otra parte tan legítimos como los de Secundaria) en caso de colisión entre ambos.
Es la razón por la que rechazan sistemáticamente las propuestas de APIA y por la que las medidas negociadas con la excusa de la crisis afectan especialmente a Secundaria: complemento de ESO exclusivo para maestros; discriminación en los sexenios de la paga extraordinaria; mayor aumento de horario; más de un 80 % de compañeros de Secundaria entre los interinos que perdieron su trabajo; etc.
Más aún, la Mesa Sectorial sólo puede negociar aquellos aspectos que la Mesa General de la Función Pública de la Junta de Andalucía le permita negociar. Pero la Mesa General es el dominio de los grandes sindicatos generalistas, que por ser votados en otros sectores ocupan su silla en cualquier mesa de negociación, con independencia de la voluntad de los representados en ella. Y la cosa sigue si subimos a las mesas de negociación estatales. Por eso hacer oír nuestra voz en las mesas de negociación requiere votar juntos y unir nuestra voz a otros funcionarios sin perderla en el camino.
Así que ¿votar? Por supuesto. ¿Qué votar? Infórmate.
