En medio de la conmoción social que España está viviendo con la pandemia del COVID-19, el papel de los profesionales del sector público se está revelando como fundamental. Igual que el personal sanitario está haciendo un sobresaliente esfuerzo en el control de la nueva plaga, los docentes nos estamos ocupando de que nuestros niños y jóvenes continúen recibiendo una atención educativa que impida la ruptura con todo lo trabajado en lo que llevábamos de curso y, también, les proporcione una actividad constructiva con la que sobrellevar la obligada permanencia en casa.
Caben pocas dudas sobre las limitaciones que impone la modalidad de “enseñanza a distancia” que nos ha impuesto la crisis pandémica respecto a todo lo que llevábamos hecho en las aulas; no obstante, la buena voluntad y el buen hacer de los profesores de la enseñanza pública acabará superando buena parte de tales dificultades. Esto es un esfuerzo de todos, de profesores, de alumnos e incluso de padres; día llegará en que podamos valorarlo en su justa medida.
La administración educativa andaluza, como corresponde, ha dispuesto una serie de normas para intentar articular un funcionamiento equilibrado del proceso de enseñanza bajo tan peculiares circunstancias. Sin embargo, desde APIA estamos advirtiendo que, allí donde debiera imperar el equilibrio y el buen sentido, se están manifestando aquí y allá rasgos de todo lo contrario, trufados de autoritarismo.
Para empezar, la INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE es todo lo minuciosa que podría esperarse a la hora de marcar unas líneas de trabajo para ese proceso de enseñanza, llegando a una especie de paroxismo en lo que se refiere a cuanto los profesores debemos atender –no lo olvidemos– desde nuestras casas: coordinación docente, uso de tales y cuales plataformas, información a las familias de los trabajos, tareas y pruebas a realizar por los alumnos y acceso al material didáctico empleado, tutorización preferente al alumnado de 2º de Bachillerato… todo ello bajo una amplia carta blanca concedida para su organización a “los centros educativos en el ámbito de su autonomía”, es decir, a sus directores.
A APIA nos están llegando quejas de centros diversos repartidos por toda Andalucía con directores que adelantan las evaluaciones respecto a las fechas en un principio previstas, que exigen información exhaustiva de los medios que se están empleando para comunicarse con los padres para comunicársela al Inspector, que piden listados de los alumnos que no responden a la enseñanza a distancia, o que imponen el uso de plataformas educativas on-line sin reparar en si el profesorado está familiarizado con ellas o, siquiera, si dispone de medios adecuados en su casa para conectarse a internet y trabajar con todas las garantías. Ello está dando lugar a la previsible situación de estrés entre numerosos profesores no habituados a semejante ritmo de trabajo, profesores que, no lo olvidemos, a menudo también tienen hijos que atender en casa o familiares dependientes –padres, madres…– que merecen una atención particular en medio de la epidemia.
Frente a estas presiones –que, digámoslo, no conciernen a todos los directores, buena parte de los cuales está mostrando un saludable sentido común– desde APIA queremos esgrimir los derechos laborales del profesorado; en primer lugar, dejando presente que existe un Real Decreto sobre el estado de alarma que dispone en su artículo 9.2 que “Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible”, por lo tanto, sin presiones ni exigencias desorbitadas y atendiendo a las actividades educativas y no a la burocracia; y en segundo lugar, que tenemos un horario semanal que debe ser el principal referente a la hora de organizar nuestro trabajo, ni más, ni menos, por lo que todo lo que desborde el ritmo temporal de trabajo con que funcionábamos hasta el viernes 13 de marzo debe ser suprimido o ajustado al mismo.
Desde APIA pedimos a todo el profesorado andaluz dar lo mejor de sí mismos, desde luego, en una ocasión como ésta; pero también a exigir por escrito y a impugnar y denunciar a continuación a los sindicatos todos los abusos que perciban se estén cometiendo bajo la permisividad de la Instrucción del 13 de marzo de la Viceconsejería de Educación y Deporte.
