Las políticas de la Consejería de Educación, de forma deliberada y por razones de diversa índole, generan cíclicamente una enorme cantidad de personal interino que, tras las preceptivas admoniciones de la U.E. y del Estado, debe reducirse a unos niveles aceptables. Ello da lugar periódicamente a procesos de oposiciones con una nutrida oferta de plazas para regularizar como funcionarios de carrera a un máximo de ese personal en precario, lo que causa tanto inquietud como expectativas de mejora entre este y los opositores libres. Para la Junta de Andalucía, en cambio, esas miles de plazas anunciadas les sirven para hacerse propaganda, cuando debieran en verdad pedir disculpas por haber inflado tanto el empleo precario en la enseñanza pública; para ciertos sindicatos que miran al personal interino con la misma empatía que un ganadero hacia sus reses, llega la hora de la demagogia y de las promesas olvidables. En APIA, que como profesores «a pie de aula» somos testigos o directamente protagonistas de esta docencia en precario, queremos ofrecer unas bases reivindicativas desde la sensatez y la justicia que permitan mejorar los procesos de acceso al funcionario de carrera y, junto a ello, las condiciones laborales del personal aspirante a ello.
- La Administración debe convocar todas las vacantes reales en la oferta de empleo público. La realidad actual es que existe un número considerable de personas que, haciendo el mismo trabajo que los funcionarios de carrera, padece unas condiciones laborales de subempleo. Por justicia y por calidad de la enseñanza, todas las vacantes deben estar disponibles en los procesos de movilidad y de oferta del empleo público.
- La Administración debe mantener dentro de unos límites restringidos el trabajo interino. La interinidad es en sí misma una fase circunstancial y transitoria cuya prolongación anómala perjudica laboralmente a quien la ostenta; bloquear los procesos de movilidad y de oferta de empleo público sólo beneficia a una Consejería de Educación ávida de mantener una amplia bolsa de trabajadores en precario. Debemos reivindicar que todos los profesores interinos de la enseñanza pública andaluza alcancen la condición de funcionarios de carrera, reservando la interinidad para cubrir el indispensable porcentaje de bajas y jubilaciones que vayan surgiendo.
- Redefinición del concurso-oposición.
- Es indispensable mantener la FASE DE OPOSICIÓN: demostrar el dominio de los conocimientos necesarios para poder ejercer la docencia en cada especialidad mediante unos procesos contrastados y garantistas es imprescindible para mantener una función pública de calidad y el mejor baluarte frente a la corrupción de la “administración paralela”. Dicho esto, hay elementos significativos en el proceso que deben redefinirse:
- La actual prueba de oposición tal como está ahora concebida puede y debe mejorarse. En general, el modelo actual impide mostrar en toda su amplitud los conocimientos de la materia que cada opositor posee. La parte A de la primera prueba o parte práctica debe ofrecer un mayor repertorio de ejercicios y problemas; igualmente, en la parte B, el carácter aleatorio de un limitadísimo número de temas a desarrollar en su totalidad y elegidos por sorteo, introduce un elemento de azar que puede ser mitigado si los sustituimos por un cuestionario mucho más amplio, algo similar al examen MIR, que permita apreciar en toda su dimensión los conocimientos del opositor.
- Reserva de notas de la fase de oposición para la siguiente convocatoria a quien ya la haya superado, interino u opositor libre, con carácter voluntario. Es injusto que un opositor deba demostrar una y otra vez su capacidad de superar la fase de oposición. Así, quien haya aprobado sin obtener plaza en el proceso inmediatamente anterior de su especialidad, podrá conservar si lo desea sus notas al menos en la siguiente convocatoria y pasar directamente a la fase de concurso.
- En la FASE DE CONCURSO, dando por buenas las novedades que pretende incorporar el MECD en beneficio de la experiencia docente, creemos necesario exigir rigor a la Administración educativa al verificar que entre los agrupados como “otros méritos”, especialmente los de formación permanente, no haya espacio para cursos de dudosa utilidad promovidos por entidades con un ánimo puramente lucrativo.
- Bajada del precio de las tasas. Andalucía no puede ser la Comunidad Autónoma con las tasas de oposición más caras de España, un vergonzante negocio con un mercado cautivo cuyas tarifas deben ser equiparadas con las más baratas del Estado.
- La constitución y composición de los tribunales, comisiones de selección y comisiones de baremación deben llevarse a cabo mediante procesos regulados y transparentes; el actual modelo de nombramiento de Presidentes de los mismos es absolutamente opaco y debe ser reemplazado por sorteos entre personal que reúna unas condiciones de formación y de experiencia preestablecidas; asimismo, el nombramiento de vocales debe ir acompañado de incentivos tales como una retribución económica adecuada y el aporte de una puntuación significativa para el CGT; y en lo que se refiere a los ámbitos de actuación, los tribunales y comisiones deben ser constituidos a escala autonómica, no provincial, en beneficio de la objetividad y de la limpieza de su labor.
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