Vivimos tiempos en que parece haber un discurso único en la enseñanza española, particularmente en la andaluza. Vemos que los sindicatos que defienden los intereses de la enseñanza concertada se rasgan las vestiduras ante el nuevo Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados con un cinismo homérico; vemos que el partido político que ha gobernado durante décadas la Comunidad habla de un “misil” en la enseñanza pública andaluza, como si ellos no hubiesen dejado una arrasada Hiroshima en la misma con un beneficiario directo, la enseñanza privada -concertada o no- que ha gozado de una auténtica edad de oro: En los últimos 10 años de administración socialista, nuestra Comunidad junto con Canarias fue donde más retrocedió el número de centros públicos respecto a los privados (10,23 %) aumentando los centros concertados durante el mismo período más de un 10 %, de tal manera que, junto con la Comunidades Valenciana y de Madrid, ostentamos el dudoso privilegio de liderar el retroceso de la enseñanza pública en España en beneficio de la privada.
Lo descacharrante del asunto es que los antaño silenciosos sindicatos de la Mesa Sectorial educativa, empezando por su proveedor oficial de altos cargos y enchufes varios en la Consejería, han montado una huelga de emergencia en contra del Decreto; sí, esos mismos sindicatos que la ineptitud que actualmente lleva las riendas –es un decir– de la Dirección General de Recursos Humanos ha creído domesticar a base de mantener e incrementar las prebendas a las que les tenía acostumbrados la administración socialista, mientras se ensaña con APIA por aspirar a ser una organización digna, profesional e independiente.
Desde APIA apostamos y apostaremos por una enseñanza pública rigurosa y de calidad, nuestra razón de ser, y no vamos a tolerar que la legítima aspiración de los padres a escoger la mejor enseñanza para sus hijos sea vehículo y excusa para ampliar las plazas de la concertada. En APIA sabemos que la defensa de la enseñanza pública frente a la privada no se hace con exhibiciones de difícil comprensión por parte de un ciudadano de a pie que lo único que ve en ellas es un alarde de corporativismo temeroso de la libre competencia, sino reconstruyendo cuanto se ha malogrado en las tres últimas décadas:
Se defiende la pública defendiendo una enseñanza de calidad con exigencia académica.
Se defiende la pública defendiendo el derecho a aprender de la mayoría de los alumnos frente al boicot que impone una minoría de estos bajo la permisividad de las actuales leyes educativas.
Se defiende la pública defendiendo una adecuada inversión económica.
Se defiende la pública defendiendo una bajada de las ratios.
Se defiende la pública defendiendo la exigencia a la enseñanza privada concertada de que compita en igualdad de condiciones, asumiendo también su cuota de esos alumnos “no deseados” que acaban invariablemente en nuestras aulas.
Con éstas y con medidas similares es como se defiende la pública, no con aspavientos con fecha de caducidad al día siguiente.
