Tras un convulso y atípico curso por los continuos sobresaltos provocados por la dichosa pandemia (brotes, confinamientos, teletrabajo, vacunas, etc.), llegamos a mayo pendientes de las resoluciones del concurso de traslados o la participación en el concursillo y temerosos de las numerosas supresiones (a tenor de los datos expurgados de los documentos de las comisiones de escolarización, no por los datos suministrados por la Administración, que sigue ocultándolos para manejarlos a su antojo) tras el proceso de escolarización. Aparte de estas y otras tradicionales letanías, tres informaciones preocupantes han venido para alterar y enrarecer el panorama educativo.
En primer lugar, leíamos en diversos medios la publicación de un estudio o informe que alerta de que España es el tercer país de la OCDE con más colegios gueto, lo cual pone de manifiesto que en este país aún se segrega al alumnado en centros según su renta familiar, es decir, centros en los cuáles la concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos supera el 50%. ¿Tiene esta situación algo que ver con el derecho a elegir centro educativo y la protección judicial de la red concertada, que mantiene sus unidades pese a la baja natalidad? Sí. Desde APIA seguimos insistiendo en la necesidad de políticas que aseguren una matriculación equilibrada tanto en centros públicos como en concertados. Cualquier administración educativa tiene una función equitativa y compensadora de desigualdades y la obligación de paliarlas. Como en otros países europeos, se podría dar la opción de escoger centro pero con ciertas limitaciones y mecanismos para asegurar la integración y el equilibrio de alumnado desventajado. Ya se han aplicado muchas medidas y soluciones para frenar dicha segregación. Quizás podrían contribuir a reducir el número de centros de difícil desempeño (casi 70 en Andalucía) y a favorecer la cohesión e inclusión social en las zonas desfavorecidas (casi 100 en Andalucía).
En segundo lugar, leíamos también en diversos medios la rebelión del profesorado contra el plan de fusionar ciertas asignaturas con otras en 1º de ESO, dentro de la creciente corriente del trabajo por ámbitos, producto de la paulatina y lamentable transformación del modelo pedagógico en España, amparado por ley. Esta reducción de materias supone una nueva simplificación de los contenidos, que se diluyen y se alejan de cualquier atisbo de razonamiento lógico o capacidad de abstracción. Hace tiempo que se confunden las competencias con la competitividad y la eficacia con la eficiencia. Cada vez se exige menos y se rebaja más el esfuerzo para evitar la frustración del alumnado, al que se le facilita todo, debido a lo cual cada vez hay menos voluntad de mejorar y menos motivación por el aprendizaje efectivo. Ya lo advirtió Confucio: “Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender, peligroso”.
En tercer y último lugar, se publicaron unas patéticas orientaciones relativas a los procesos de evaluación en 4º de ESO. Son unos resúmenes con presuntas aclaraciones con respecto a los procesos de evaluaciones ordinaria y extraordinaria en dicho curso, que suponen una interpretación torticera de varios decretos y órdenes. Estas indicaciones intimidatorias informan de que las sesiones de evaluación ordinaria han de realizarse los días 7 u 8 de junio (cuando el curso finaliza oficialmente dos semanas después) y los resultados han de publicarse el día 10 de junio, con revisión de calificaciones el día 11. El punto 2 es el verdaderamente atroz, ya que ilógica e injustificadamente los equipos educativos (en muchos casos, supervisados por inspección) se verán obligados a “proponer para título a aquel alumnado que tenga uno o dos materias pendientes –que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas”- y atenderlo con actividades de refuerzo, pero, y aquí viene lo realmente escandaloso, “sin necesidad de hacer prueba extraordinaria, puesto que ya ha obtenido el título de Graduado en ESO”. O sea, que se regalan los títulos de ESO aunque tengan dos materias pendientes y se obliga a esforzadas directivas y resignado profesorado a organizar actividades de refuerzo o profundización que no van a servir para absolutamente nada, pero van a entretener al alumnado un par de semanitas. ¡Impresionante! Si APIA ya denunció los aprobados de despacho, imaginen los que piensa de esta injusta tropelía contra la enseñanza, que ahonda en la defensa de la estupidez y apuesta por la ignorancia. Como diría J. R. Jiménez: “qué iracundia de hiel y sinsentido”.
