El pasado martes 1 de septiembre APIA tuvo la oportunidad de participar en la sede del Parlamento Andaluz, en el Grupo de Trabajo para un Pacto Social por la Educación en Andalucía, creado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 14 de noviembre de 2019.
Dicha comparecencia abordaba de forma general, entre otros, los siguientes asuntos: currículum, metodología, carrera docente, inclusión educativa, convivencia e igualdad, infraestructuras educativas y la propia estructura del sistema educativo (etapas educativas, autonomía de los centros, autoevaluación del sistema y modelos educativos). Además, planteaba cuestiones más amplias todavía como qué se espera del sistema educativo, qué le pedimos al sistema educativo, cómo se puede afrontar el fracaso y el abandono escolar y cómo debe ser el alumnado al salir del sistema educativo.
El tiempo del que dispuso APIA para aportar sus ideas sobre todas estas cuestiones fue de aproximadamente 20 minutos. A este tiempo hay que sumar otro tanto tiempo en el que intervinieron las diferentes fuerzas políticas parlamentarias para comentar y plantear cuestiones sobre nuestra intervención. Fueron en total 45 minutos en un ambiente muy cordial y entendemos, modestamente desde APIA, que muy enriquecedor para ambas partes, ponente y oyentes.
Salta a la vista que el número, la importancia, y la complejidad de las cuestiones que se debían tratar en tan poco tiempo no permitía un desglose, ni siquiera general, de todos los asuntos que estaban sobre la mesa. Con el fin de adaptarnos a los tiempos establecidos y que se escuchasen el mayor número de reivindicaciones y demandas que APIA defiende, preparamos una exposición sucinta que fuese respondiendo las preguntas que se nos plantearon en la carta de invitación que la Presidencia del Grupo de Trabajo hizo llegar a nuestra asociación. Así, pudimos trasladar a los miembros del Grupo de Trabajo, diputados de la Cámara Andaluza, y sin intermediarios, nuestras ideas fundamentales.
Presentamos APIA como una organización formada por profesores que dan clase, que conocen de primera mano la realidad de nuestros institutos, porque entre otros motivos, nuestras reducciones horarias sindicales son parciales. Además somos profesores de Instituto (de ESO, Bachillerato y Formación Profesional), indicando la necesidad urgente de una división de la mesa sectorial entre Primaria y Secundaria.
Al planteamiento sobre cómo debe ser el alumnado al salir del sistema educativo, claramente defendimos que el alumno debe salir con CONOCIMIENTO. Sólo así se puede garantizar en el joven estudiante una verdadera autonomía , una auténtica posibilidad de realización personal y una vida en plena libertad. En este sentido, defendimos que el planteamiento presente en los Decretos y Reales Decretos que obligan a contextualizar la enseñanza y atender a los motivos e intereses de los alumnos de manera dogmática, no hace sino condenar a los alumnos que no tienen otro medio que la Escuela Pública para obtener formación a salir de los institutos igual que entraron. Pervirtiendo así el verdadero sentido de la Enseñanza Pública, dar verdadera igualdad de oportunidades a todos, independientemente del contexto personal y social, y de las motivaciones y preferencias de cada alumno.
Entre otras consideraciones expusimos como condiciones para poder revertir esta situación en relación a esta primera pregunta, las siguientes cuestiones:
Señalamos la necesidad de revisar el CURRÍCULUM, dándole mucho mayor peso a las materias troncales frente a las optativas y de libre disposición, por ejemplo. Además de revisar la carga horaria de las materias, devolviendo horas a las asignaturas que asientan un verdadero saber y reduciendo horario a materias menos fundamentales.
Apuntando a los MODELOS EDUCATIVOS es fundamental eliminar el falso debate entre vieja y nueva pedagogía, que provoca también que las leyes educativas estén obligando al profesor a adaptarse a la “nuevas formas” de enseñar, nuevas propuestas pedagógicas, nuevos enfoques, etc. APIA expuso que dicho debate responde a intereses de diverso tipo (ideológicos, económicos, modas, etc.) y quiere esconder el fracaso real del sistema, volcando la responsabilidad a los profesores por no plegarse a la “nueva realidad educativa”. Defendimos que no hay vieja y nueva pedagogía, sino simplemente buena y mala pedagogía. Lo viejo no es malo por viejo, sino por malo. Y es así en el ámbito de la enseñanza y en cualquier otro ámbito de la vida y de la cultura.
Un deseo de APIA expuesto también a la Comisión fue la necesidad de ampliar la etapa de BACHILLERATO a tres años si realmente se quiere una formación adecuada y coherente para los alumnos de enseñanza postobligatoria.
En INFRAESTRUCTURAS educativas y hablando de condiciones materiales de trabajo defendimos, modestamente, que un verdadero control del gasto puede mejorar el día a día en un instituto y favorecer infinitamente la enseñanza y el aprendizaje. El dinero hace falta en los Centros para su funcionamiento ordinario (mejora de instalaciones generales, calefacción, aire acondicionado, espacios adaptados, o recursos tecnológicos por ejemplo). Es en los Centros, en las clases con los alumnos donde hace falta el dinero. Y quizás conviene plantearse gastar mucho menos recursos en Centros de Profesorado (CEP), programas pseudoeducativos variopintos y similares.
A las preguntas sobre cuáles son los grandes retos educativos que afronta el sistema educativo y qué le pedimos al sistema educativo, incidimos en la idea general de que aquello que aporta valor añadido a una sociedad del siglo XXI es el CONOCIMIENTO, la formación. Ese es el gran reto que afronta el sistema educativo español en general y el andaluz en particular. Es la preparación lo que le dará una oportunidad a nuestros jóvenes en un mundo cada vez más complejo y más competitivo. Junto a este reto hay un desafío no menor si cabe, y complementario al anterior: el sistema educativo público tiene que ser un verdadero sistema que permita el ascenso social, la posibilidad real de progreso de cada alumno independientemente del barrio de origen, de la provincia en la que estudie, de la familia a la que pertenezca, de la capacidad económica que posea, etc., todo eso ha de quedarse a las puertas del instituto y permitir al alumno una verdadera liberación de condicionantes que no han sido elegidos por él. Pusimos mucho énfasis en señalar que esa es la verdadera igualdad, la igualdad de oportunidades.
En nuestro diagnóstico al respecto, APIA señaló a la Comisión que nuestro sistema educativo no garantiza un conocimiento universal y de calidad para todos, sino una universalización de los Títulos para todos. Y no se puede confundir “Títulos” con “Conocimiento”. Las leyes educativas nacionales y autonómicas actuales, permiten un sistema que expide títulos con facilidad, sin garantías de que ese título no esté completamente vacío. Así se explican también muchas actuaciones de la Inspección educativa, además de las cada vez más permanentes presiones de las familias, de equipos directivos e incluso de los propios compañeros de claustro en las juntas de evaluación. Defendimos que esta “universalización de títulos” supone un FRAUDE a la sociedad, tanto desde el punto de vista intelectual como económico.
APIA defendió que el sistema no permite un verdadero ascenso social de los estudiantes porque los centros educativos, y el propio sistema educativo es concebido por la administración y por buena parte de la sociedad como un sistema asistencial, como un servicio social, y por lo tanto se tiene que alejar de ahondar en conceptos como Realidad, Verdad, Objetividad (pilares del saber universal y de la civilización a lo largo de la historia) y someterse a los caprichos ideológicos de los gobiernos de turno, vaivenes tecnológicos, presupuestos variables según los contextos económicos, etc.
Para afrontar dichos retos con garantías APIA reivindicó sin ambages el papel del PROFESOR. Ha de entenderse y, por lo tanto, legislar en consecuencia, que el profesor es la pieza clave de este gran y complejo sistema. El profesor no es, como señalan los Decretos educativos un orientador, un promotor, o un facilitador,… El profesor es la autoridad en una clase porque sabe, porque conoce aquello que el alumno debe aprender para poder transformarse en alguien distinto y para poder seguir transformando la sociedad conforme a los principios que rigen nuestros sistemas democráticos y de derecho. APIA reclamó una verdadera CARRERA DOCENTE, donde el mérito, la capacidad, la antigüedad y el desempeño profesional vertebren su posición en el sistema educativo. Además también pedimos la promoción horizontal y vertical de nuestro colectivo docente.
Como ejemplo del dislate que muchas leyes educativas representan, señalamos a la Comisión, por ejemplo, las recomendaciones de METODOLOGÍA didáctica de los Decretos 110/2016 y 111/2016 de 14 de junio para ESO y Bachillerato. Es tal el despropósito que las recomendaciones ahí recogidas son las mismas en los Decretos de una y otra etapa educativa. Desde los 12 a los 18 años las recomendaciones son exactamente las mismas y en igual número, todos por igual. Volviendo a confundir la verdadera igualdad con el igualitarismo. APIA defendió la LIBERTAD DE CÁTEDRA del Profesor y su plena competencia para ejercer su tarea profesional más allá de las tendencias, las pseudociencias, las modas pasajeras o las injerencias políticas sobre el honorable oficio de enseñar.
La CONVIVENCIA y la Igualdad también fuero objeto de nuestra ponencia al hilo de las preguntas anteriormente señaladas. En nuestro diagnóstico expusimos una verdad palmaria de nuestra realidad diaria: no todos los institutos públicos de enseñanza secundaria permiten a su alumnado acceder a un mismo aprendizaje. Y esto se debe, en buena medida, a condiciones de convivencia que convierten en una utopía cualquier atisbo de poder hacer algo parecido a la enseñanza en según que aulas andaluzas. Y esto es de nuevo, a juicio de esta asociación de profesores un FRAUDE. ¿Cómo se puede justificar esta situación ante los ciudadanos y ante nosotros mismos? El Profesor está envuelto en un maremágnum desesperante, y lo que es peor, improductivo, para poder dar una simple clase cuando las cosas se tuercen por conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales. La DISCRECIONALIDAD a la que se ve sometido cada Profesor en cada Centro a la hora de tomar decisiones sobre convivencia (Equipos Directivos, Consejos Escolares, AMPAS, etc.) es evidente y no hace sino perjudicar su trabajo, amén de ser lo más contrario a un servicio público, que ha de ser igual para todos.
La última cuestión que tratamos de responder fue de qué forma se puede afrontar el fracaso y el abandono escolar. Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente como condiciones sine qua non para mejorar en todos los aspectos, planteamos en este punto si realmente se quiere evitar el fracaso y el abandono escolar o si realmente lo que se quiere hacer es garantizar el mal llamado éxito educativo. Ahí trajimos a colación, por ejemplo, la labor de la Inspección educativa en la evaluación, y especialmente el papel de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamación (CTPR), los aprobados de despacho, las presiones anteriormente señaladas de todos los frentes de la comunidad educativa sobre los profesores, y todos los elementos que ahogan e impiden una labor docente medianamente digna. El fracaso y el abandono escolar se supera cuando el enfoque sobre la enseñanza se centra en el ESFUERZO personal y se valora la educación como aquello que es, y no se diluye en una actividad complementaria a medias entre lo lúdico y lo pueril. Además, APIA reclamó una Formación Profesional de calidad, con más ciclos y más plazas, planteándose adelantar la entrada en los Ciclos, en coherencia con un alargamiento del Bachillerato.
Y la mejor forma de controlar estos altos niveles de calidad educativa y el verdadero funcionamiento de nuestro sistema pasa, según APIA, por el establecimiento de pruebas externas de EVALUACIÓN, autonómicas y nacionales. Alejándonos así de Agencias y organismos evaluadores oscurantistas, cuyo silencio sobre la realidad educativa de Andalucía sí es un verdadero estigma sobre nuestro alumnado y nuestros institutos.
Aprovechamos los últimos instantes de nuestra intervención, ya sobre la campana, para recordar entre otras cuestiones, la necesidad de publicar vacantes antes de los concursos de traslados, o solicitar convenios con universidades para la formación del profesorado.
En APIA, confiamos en que nuestra comparecencia haya servido para estimular a nuestros representantes políticos a trabajar en la dirección adecuada para garantizar una enseñanza pública de calidad y para todos en igualdad de oportunidades. Y confiamos en poder seguir colaborando con la Administraciones Educativa en propuestas como esta u otras de índole similar.
David M. Naval Boquete representó a APIA ante el Grupo de Trabajo de la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía
