(A fecha de 6/11/2020, hemos presentado en el servicio de Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía esta carta dirigida al Sr. Imbroda)
A LA ATENCIÓN DEL SEÑOR CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Estimado sr. consejero:
La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), a la que tengo el honor de representar, ha recibido en los últimos meses numerosos informes de sus asociados y de otros profesores de institutos de Andalucía sobre cómo está siendo el comienzo del curso escolar en un número representativo de institutos de nuestra comunidad autónoma. Por ello, hemos decidido hacerle llegar esta carta para solicitarle que reflexione y adopte las medidas necesarias para corregir los errores que se están produciendo en el funcionamiento de los centros docentes a consecuencia de la situación que nos ha tocado vivir con la pandemia del COVID-19 y de la reacción ante ella de la Consejería que usted dirige.
En primer lugar, queremos manifestarle nuestra estupefacción ante la falta de información y de transparencia en la publicación de los datos que tienen que ver con la incidencia de la enfermedad en los centros educativos. No nos podemos explicar el motivo por el cual la sociedad andaluza y los profesionales de la educación no tienen completa información sobre cuántos alumnos, profesores y personal no docente han sufrido contagio de la enfermedad, cuántos están hospitalizados o en cuarentena preventiva y cuál esta siendo la evolución de la pandemia en los centros docentes. Es sorprendente que sea necesario recordarle que, en un país democrático, la sociedad tiene derecho a recibir toda la información disponible y la Administración, la obligación de proporcionarla sin rodeos. Por otro lado, usted también tiene que responder a la cuestión de si los centros educativos están siendo una fuente significativa de transmisión de la COVID-19 y aclarar, con datos, si sus decisiones -o ausencia de ellas- están poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, de los alumnos y de sus familias.
Por otra parte, queremos manifestarle nuestra indignación ante la caótica reacción de su Consejería durante el comienzo de curso:
- Las instrucciones para la preparación del comienzo del curso han llegado tarde, han sido cambiantes e insuficientes. La «autonomía de los centros» ha significado, una vez más, cargar a profesores y equipos directivos con la desmesurada tarea de hacer frente a esta crisis con la única ayuda de sus propios recursos e inventiva.
- Se han puesto en marcha sistemas de docencia semipresencial y a distancia sin contar con la opinión y la experiencia de los profesores ni liberar los recursos necesarios; tampoco ha considerado el aumento de la carga de trabajo que estas nuevas responsabilidades conllevan ni las horas de trabajo adicional que suponen. Sin apoyo de la Consejería, los docentes también están asumiendo de su propio bolsillo el coste de equipos informáticos y de amplificadores de voz. Por si fuera poca cosa, el número de reuniones, de informes y de tareas administrativas inútiles y agotadoras no ha disminuido, ni se ha intentado liberar al profesorado de cualquier tarea secundaria que nada tenga que ver con la docencia o con la atención directa a los alumnos. Además, hay importantes desigualdades con respecto a la presencialidad de los alumnos: unos solo acuden a la mitad de las clases, frente a otros que tienen el 100 % de clases presenciales.
- La asignación de recursos materiales y humanos está siendo insuficiente y desorganizada: han otorgado generosos presupuestos para hacer reformas, pero, en muchos centros, falta lo necesario para la adquisición de geles hidroalcohólicos y de otros suministros imprescindibles. Hay centros docentes donde llegan mascarillas quirúrgicas, en otros, en cambio, mascarillas ffp2, sin que sean conocidos los criterios utilizados para esta desigual distribución. En numerosos centros están llegando nuevos profesores a finales de octubre, cuando eran necesarios desde comienzos de septiembre; sin embargo, no se cubren con celeridad las bajas de los profesores y, además, los profesores de guardia tienen que asumir funciones propias del personal no docente que tampoco es sustituido cuando enferma. El reparto de ordenadores tampoco sigue criterios claros: en algunos centros se reparten a los profesores, en otros a los alumnos y en otros no hay suficientes portátiles para quienes los necesitan. Creemos que el origen de esta desastrosa actuación está en que la Consejería no ha consultado a los centros educativos desde un primer momento, ni ha tenido en cuenta sus demandas concretas.
- Los protocoles de actuación ante los casos de COVID-19 también han sido cambiantes sin explicar los motivos, de forma que ahora, si se detectan casos de contagio, no se produce automáticamente cuarentena preventiva entre todos los compañeros de clase de los infectados, ni entre los profesores; incluso se siguen dando situaciones de aglomeración de alumnos, sobre todo a la hora del recreo y en las entradas y salidas de los centros, donde la distancia de seguridad en los primeros cursos de la ESO es inviable o difícil de controlar. Además, da miedo comprobar que hay demasiadas aulas en Andalucía repletas de alumnos como si no hubiera una pandemia: entre 30 y 35 alumnos por clase sentados a escasos centímetros de sus compañeros: ni bajada de ratios, ni respeto por al distancia de seguridad. Por otra parte, no se están haciendo pruebas de detección del virus de forma sistemática entre el personal docente y no docente para garantizar su salud laboral; ni el profesorado especialmente vulnerable está recibiendo material de protección adecuado. Desde APIA exigimos que se nos dote de material de primera calidad para la prevención de contagios y se exija el mismo protocolo que para los sanitarios; así como considerar la COVID como enfermedad laboral de oficio.
En resumen, consideramos que el principal motivo de esta penosa situación es que la Consejería de Educación y Deporte desprecia a sus profesores, trabajadores que, como muchos otros miembros de esta sociedad, están arriesgando su salud y, en consecuencia, sus vidas en aulas, centros y jornadas infinitas de trabajo que no cumplen con los requisitos sanitarios legales mínimos que la propia Consejería exige en sus protocolos de funcionamiento general; y así, expone también al azote del virus, y sus terribles consecuencias sanitarias, personales, económicas y sociales, al resto de miembros de la comunidad educativa: alumnos, familias, personal de administración y servicios… Por ello, creemos que para dar una respuesta correcta a esta gravísima crisis sanitaria, lo primordial es dejar de improvisar y pararse a escuchar a los equipos directivos, profesores, familias y trabajadores no docentes de los centros para descubrir cuáles son las necesidades reales de quienes estamos en los centros docentes, junto a los alumnos, intentando proporcionar una educación de calidad en un entorno seguro.
En Málaga, a 5 de noviembre de 2020
El presidente de APIA
