Alumnos, profesores y la opinión pública en general contemplan la ceremonia de la confusión que el Ministerio de Educación y las Consejerías autonómicas –con la ayuda nada inocente de algunos medios de comunicación– protagonizan en esas periódicas conferencias sectoriales que aspiran a resolver el cierre del actual curso 2019-2020, accidentado por la situación de confinamiento derivada del Decreto de Alarma impuesto por el Gobierno de la nación. Desde el sindicato APIA, como profesores que a diario y en primera línea estamos viviendo los problemas, no queremos enrarecer más esta confusión, y sí definir una serie de principios claros e irrenunciables si se desea que el curso que comenzó en septiembre alcance una conclusión medianamente satisfactoria:
Si los alumnos no vuelven al centro para evitar riesgos en su salud, los profesores tampoco. Del mismo modo que la seguridad del alumnado es un principio irrenunciable que no se puede poner en riesgo por una decisión irreflexiva, los profesores no van a volver a sus centros de trabajo mientras éstos no ofrezcan el 100 % de garantías en su seguridad personal. Amén del riesgo para nuestra seguridad personal, ese regreso pondría en entredicho nuestro derecho a la conciliación familiar toda vez que los hijos y personas a nuestro cargo quedarían desprotegidas. Sólo podríamos admitir, debidamente justificada, la presencia precisa en momentos puntuales de los profesores –y no todos simultáneamente– y siempre y cuando cada centro ofrezca al profesorado convocado medios de protección personales suficientes y homologados por la U.E.
El aprobado general y la promoción automática son una estafa para alumnos y profesores. Recurrir a tales expedientes, defendidos por grupos muy minoritarios, no sólo va contra las vigentes leyes educativas sino que acarrearán más problemas, ya en el corto plazo, que soluciones; en todo caso, y dada la situación especial en la que nos encontramos, parece lógico que los resultados del trabajo del alumnado en la primera y la segunda evaluaciones se usen como referente de la evaluación final, mas todo lo que pueda aportarse desde la tercera.
La Consejería de Educación andaluza debe tener iniciativa propia, liderazgo y un proyecto definido para concluir el curso actual y para planificar el que viene. Las ambigüedades del Ministerio de Educación, la presión de lobbies minoritarios, o la agenda política de ciertas organizaciones que se dicen sindicales, de padres o de alumnos, no son el mejor referente para una institución que dispone de medios y de autonomía suficientes para trazar una ruta propia y precisa respetuosa con los auténticos intereses de los alumnos y de los profesores.
Los profesores deben recibir todo el apoyo material y humano que puedan aportarles las Administraciones educativas central y autonómica. El ímprobo esfuerzo que la mayoría de los docentes están haciendo desde sus hogares, con sus propios medios y a costa del tiempo que podrían dedicar a sus circunstancias personales, debe recibir inmediatamente la atención y la gratificación material de la Consejería y del Ministerio de Educación. Hacia esta dirección apuntan las decisiones de la Conferencia Sectorial del 15 de abril, cuando el propio Ministerio señala que “se movilizarán los recursos y medios de apoyo necesarios para que el profesorado desarrolle su labor en las mejores condiciones posibles”.
La libertad de cátedra de los profesores era y sigue siendo intocable. En las circunstancias que estamos y atendiendo al esfuerzo personal que están invirtiendo los docentes, sobran todas las exigencias arbitrarias que en cuanto a horarios, metodologías, contenidos y uso de plataformas de teletrabajo puedan exigirse desde los centros y las autoridades educativas.
Más allá de estos principios podrán formularse cuestiones de detalle que ahora no nos toca proponer. Pero son el cimiento que desde nuestra organización proponemos, si es que se aspira a una conclusión del curso sin atajos y honesta con toda la Comunidad Educativa.
